"Nosotros vamos a intentar que en la tramitación parlamentaria de la ley esas desproporciones entre las penas queden subsanadas. Nos parece completamente desacertado que se pueda decir que con 16 o 1 años te pueden caer diez años por estar involucrado en delitos de 'kale borroka', mientras que te pueden caer sólo cinco años por asesinar a un compañero de juegos en la escuela", dijo López Aguilar a Servimedia.

El dirigente socialista considera también "desacertado" no haber tenido en cuenta la necesidad de dividir los tramos de edad dentro del ámbito subjetivo de la Ley del Menor, entre los 14 y los 18 años. Recordó que por parte del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado se hapropuesto dividir entre los 14 y los 16 y los 16 y los 18.

IMAGEN DEL GOBIERNO

En su opinión, que el Gobierno no haya recogido las recomendaciones de los órganos citados y aplace los posibles cambios a la negociación con los partidos en la tramitación parlamentaria, "es una apuesta política por aparecer como el promotor de una legislación especialmente dura contra ese tramo de edad y contra esos hechos".

Criticó también que se intente presentar estas medidas como encaminadas a llenar vacíos o lgunas en el ordenamiento. "Esta es una falsa imagen, que no es verdad. Tenemos un Código Penal de 1995, que comprende un capítulo muy amplio de tipos destinados a luchar contra el terrorismo, y cualquiera sabe que los jueces, extremando las posibilidades interpretativas y aplicativas de la ley, y los fiscales, extremando el celo en la persecución de todos los hechos que tengan que ver con la subversión del orden constitucional o la alteración de la normalidad democrática, pueden hacer muchísimo con los actales tipos penales".

En opinión del dirigente socialista, el problema fundamental no está en la insuficiencia de las leyes, sino "fundamentalmente en que no hay detenidos, en que no hay una acción preventiva y policial adecuada, en que los menores que puedan estar involucrados en 'kale borroka' no son detenidos por la Ertzaintza ni son llevados ante ninguna jurisdicción".

"Aquí nos encontramos con que hay una serie de tipos penales nuevos y algunas medidas sustantivas, como las que se refieren a a protección penal de las corporaciones locales, que tienen sentido y que nosotros apoyaremos, pero hay otras que están con toda probabilidad dirigidas a crear problemas de aplicación, que se traducirán en su caso en desproporciones entre unas medidas y otras en función de los hechos que se enjuicien y de que se pueda o no probar que esos hechos tienen relación con la estrategia terrorista o con la colaboración con banda armada".

En opinión de López Aguilar, eso generará "muchísimos problemas de operaividad del orden jurisdiccional penal y muchas contradicciones, que avivarán un debate de constitucionalidad y de adecuación de esas medidas y que no es en absoluto conveniente de cara a lo que es la claridad en la respuesta del Estado de Derecho frente al terrorismo".

BERENJENAL

López Aguilar destacó también que "el Gobierno se está metiendo en un berenjenal de compromisos orgánicos y presupuestarios, de adaptación de toda la estructura orgánica de la jurisdicción penal y, consiguientemente, de medos materiales y presupuestarios al servicio de esas reformas, con las que está ahora intentado marcarse un tanto ante la opinión pública, que reclama mayor dureza frente al terrorismo".

En este sentido, precisó que "no basta con poner en el BOE que has inventado una nueva jurisdicción o que has traído a la jurisdicción de la Audiencia Nacional a los menores involucrados en 'kale borroka'. Hay que crear los órganos: juzgados de menores y salas de menores en la Audiencia Nacional, la estructura de recuros entre una jurisdicción de primera instancia y la segunda instancia de ese segmento de menores, y la fiscalía de menores en la Audiencia Nacional".

Además, agregó, hay que acompañar a cada una de esas unidades orgánicas de sus correspondientes dotaciones administrativas, de secretaría, auxiliares, oficiales y agentes al servicio de esas unidades de jurisdicción de menores en la Audiencia Nacional y hay que dotarlas de dinero, y además crear centros de internamiento. "Y todo ello antes del 13 de ener, que entra en vigor la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor", añadió.