Asimismo, se alegran "de la recuperación del buen nombre y honor de estos médicos de urgencias y espera que se asuman cuantas responsabilidades administrativas y políticas existan en el caso", añaden en un comunicado.

Sin embargo, denuncian que "no deja de producir cierta desazón ver cómo aquellos que de forma tan insistente solicitan que se asuman estas responsabilidades, miran hacia otro lado en el caso de los médicos de Urgencias del Virgen del Rocío de Sevilla".

Amura afirma que a facultativos andaluces que criticaron el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias (PAUE), y cuyas opiniones fueron grabadas y posteriormente difundidas sin su conocimiento, se les expedientó y suspendió cautelarmente de empleo y sueldo, "sin ni siquiera un trámite previo de audiencia".

Según Amura, la justicia ya ha dictado un auto que levanta la suspensión cautelar a un facultativo, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales, así como otra resolución judicial que también anuló la suspensión al trabajador por entender que esa sanción causa "un estigma en el entorno laboral difícilmente reparable".

Pese a ello, señalan, "el Servicio Andaluz de Salud propone una sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo" para estos facultativos, lo que, a su entender, "es un auténtica caza de brujas".