Lo hizo en un comunicado en el que lamentó que el desarrollo del plan no contara con las sociedades médicas representativas en la Comunidad de Madrid, y donde le recriminó que utilizara datos “sesgados a la valoración gestora”.

El plan, que aprobó el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el pasado miércoles para el periodo 2022/2023, contará con 80 millones de euros mediante los que creará 1.200 nuevas plazas, mejorará las condiciones salariales de cerca del 88% de sanitarios madrileños, asignará (por primera vez) población a los profesionales de las unidades de atención específicas (como odontólogos, fisioterapeutas o matronas) en la tarjeta sanitaria y contemplará nuevas retribuciones salariales.

Sobre él, la SEMG Madrid explicó que implica una reordenación de la asistencia en atención primaria centrada en una visión de la AP derivada de la pandemia “optando por cambios de dudosa validez legal, desconocidos por los ciudadanos y que generarán problemas serios de responsabilidad para los médicos de familia y el Servicio Madrileño de Salud (Sermas)”, y que implementa el concepto de “liderazgo enfermero de la atención a los pacientes crónicos”. A este respecto, aseguró que generará cambios en la atención a estos pacientes, que “empeorará todavía más el abandono planteado durante la pandemia”, lo que, a su juicio, agudizará el control de estos pacientes que ya hace el médico de familia.

Asimismo, afeó a la Comunidad de Madrid que anuncie cambios en los sistemas y procesos de citación primaria sin cubrir el déficit de profesionales, especialmente médicos de familia y pediatras. Estos cambios, en su opinión, “suponen en realidad la limitación de acceso de los madrileños a sus médicos de Atención Primaria.

Con respecto a los procesos de uso de las Tics para la atención de los pacientes previstos en el plan, la SEMG Madrid argumentó que no se había contado con las capacidades de los pacientes al tiempo que se había ignorado la adaptación de los profesionales a su manejo.

Por otra parte, el plan también prevé una dotación presupuestaria para la reforma de centros de salud. En ese sentido, esta dotación mínima, según la organización, no plantea la solución a los problemas que la antigüedad de algunos genera “haciendo, como siempre, una desproporción en la inversión en la Atención Hospitalaria/Atención Primaria que pone a la Comunidad de Madrid como la que menos gasta en Atención Primaria”.

Por último, y en cuanto a los cambios que el plan establece en materia de remuneración, los Médicos Generales y de Familia de Madrid los calificaron de “sesgada y de escasa difusión”. Asimismo, creen que servirán “para volcar la visión negativa de los ciudadanos en ellos, falseando la verdadera cuantía de esta”.