Lo hizo a través de una comunicación en la que proporcionó unas declaraciones de su presidenta en España, Paula Gil, quien explicó los datos que la organización ha podido recabar hasta ahora sobre las circunstancias del asesinato.

Detalló que MSF ha mantenido distintos encuentros con representantes ministeriales de la República Democrática Federal de Etiopía (RDFE) y del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (FLPT), a quienes reclamó que investiguen rigurosamente los hechos y comuniquen las conclusiones de las pesquisas.

Del mismo modo, la organización ha iniciado una investigación por su cuenta, cuyos resultados preliminares han permitido constatar que el pasado 24 de junio sus tres trabajadores se dirigían desde Abi Adi hacia el sur para buscar y recoger a heridos en zonas afectadas por intensos combates entre la RDFE, sus aliados y el FLPT.

El trabajo también concluyó que a poco más de una hora de viaje el vehículo se detuvo, encontrándose sus cadáveres a una distancia comprendida entre 100 y 400 metros del coche, con impactos de bala aparentemente disparados a corta distancia.

MSF subrayó que el tipo de heridas sufridas “no correspondían a las que hubieran resultado de un fuego cruzado, y confirman que fue un asesinato intencionado de tres trabajadores de ayuda humanitaria”, ya que “cada uno de ellos era claramente reconocible como civil y trabajador humanitario en el momento del incidente”, mientras que su vehículo estaba “claramente identificado” con el logotipo y dos banderas de la organización.

Ante esta situación, Paula Gil reclamó a las autoridades etíopes “aclaraciones sobre la presencia y participación de las Fuerzas Armadas en el momento y en el lugar preciso del incidente”, y confirmó que MSF ha solicitado el establecimiento de un “canal de comunicación” con éstas y sus aliados, el cual permitiría “compartir detalles de nuestras instalaciones y de los movimientos de nuestros equipos” y, de este modo, garantizar que entienden y respetan las actividades humanitarias que realizan sobre el terreno.

A su vez, deploró las “declaraciones públicas realizadas contra las organizaciones humanitarias” por parte de las autoridades etíopes, las cuales “han afectado directamente a su seguridad”, y exigió que el Gobierno de Etiopía “apoye públicamente” el trabajo de estos colectivos.

Por último, afirmó que este ataque provocó que MSF suspendiera sus actividades en Tigray, Abi Adi, Adigrat y Axum, lo que se sumó a la decisión del Gobierno de Etiopía de hacer lo propio con las labores realizadas en Amhara, Gambela, el noroeste de Tigray y en la Región Somalí durante tres meses, las cuales no se han podido reanudar como consecuencia de “la situación de seguridad” y “los obstáculos administrativos”.