Así, según el CNPT y la OCU, estos sectores presentan argumentos que "no se sostienen", pues señalan que la restauración tendrá importantes pérdidas económicas y que los centros de trabajo perderán productividad, algo que, según se desprende de las cifras reales de facturación proporcionadas por los departamentos de Hacienda de los países y ciudades donde se han puesto en marcha normas similares, los restaurantes, bares y hoteles libres de humo de tabaco, han continuado incrementando su negocio.

No consta tampoco, aseguran, que, allí donde se ha establecido la prohibición de fumar en el trabajo, haya aumentado la conflictividad entre los trabajadores y sí que la productividad de las empresas tiene mucho que ganar, en la medida en que el consumo de tabaco o la exposición reiterada a él es una de las principales causas de bajas laborales.

Médicos y consumidores se manifestaron así en una rueda de prensa conjunta en la que denunciaron que tanto el Consejo Económico y Social (CES), como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) "no han sido capaces de mantener su independencia frente a las presiones de la industria tabaquera" y han mostrado reticencias al anteproyecto de ley del tabaco, que defiende la salud de todos los ciudadanos.

"Cualquier regulación que pretenda frenar los efectos de la epidemia del tabaquismo merece ser apoyada por toda las organizaciones que defienden la salud y la calidad de vida de los ciudadanos", manifestó Antonino Joya, director de Relaciones Institucionales y Comunicación de la OCU y Consejero del CES desde 1997, quien pidió además al Gobierno mantenga las medidas recogidas en el Anteproyecto y "no ceda a las presiones e intereses de la industria del tabaco".

VOTO PARTICULAR

Joya recordó que la OCU presentó un voto particular en contra del dictamen del Consejo Económico y Social, emitido el pasado 16 de marzo, "para no ser compañeros de viaje de empresarios y sindicatos", que demandaban que en los centros de trabajo se habiliten zonas específicas para los fumadores o que, en cualquier caso, el asunto del tabaco en las empresas se negocie entre sindicatos y patronal. "A nuestro juicio", señaló Antonino Joya, "la protección de la salud de todos pasa por encima de acuerdos de este tipo.

Por otra parte, la OCU tampoco comparte el "disparate" de que se pueda vender tabaco a menores de 18 años y que, igualmente, puedan dispensarlo chicos menores de edad, así como que existan máquinas expendedoras, que facilitarían el acceso de los cigarrillos a los menores. Igualmente, rechaza cualquier tipo de publicidad, pues incita siempre al consumo.

En cuanto a los supuestos beneficios económicos que el tabaco reporta al Estado español anualmente (unos 7.000 millones de euros en concepto de impuestos), el CNPT aseguró que se ven contrarrestados por el gasto que ocasiona en los servicios de Bienestar Social (Sanidad, Seguridad Social) y por la pérdida de productividad (bajas laborales), que es superior.

José Luis Alvarez-Sala, presidente de la Sociedad Española de Neumología, recordó que el tabaco es la principal causa de mortalidad y de enfermedad evitable, que mata cada año a 50.000 españoles, la mitad de los cuales pierden una media de 20 años de vida.

Añadió, además, que se sabe también que el humo de tabaco ambientales peligroso para la salud humana y está clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Grupo 1 de carcinógenos ambientales, como el amianto u otros productos químicos altamente tóxicos y estrictamente regulados por la legislación.

Por todos estos motivos, el presidente del CNPT, el doctor Rodrigo Córdoba, reiteró la necesidad de una ley que proteja el derecho a la salud de toda la población. La regulación en espacios públicos y en el medio laboral, dijo, es eficaz para conseguir la protección frente al humo ambiental de tabaco, y resulta también eficaz para promover que muchas personas se decidan a dejar de fumar.