Ambas organizaciones invocan la Constitución y el temor de que la exclusión de casi 900 fármacos de la financiación pública perjudique sobre todo a los sectres sociales con menor poder adquisitivo para apoyar su petición.

UCE y CAVE argumentan que el "medicamentazo" es una norma "que vulnera principios fundamentales protegidos constitucionalmente", por lo que piden al Defensor del Pueblo que inste al Gobierno a retirar el proyecto.