Romay Beccaria señaló que se trata de "medicamentos de baja utilidad terapéutica u otros formados por asociaciones de principios actvos injustificadas, cuya no prescripción venía siendo ya recomendada por los órganos técnicos del Insalud y por los servicios sanitarios de las Comunidades Autónomas".

Agregó que "una exclusión así concebida y arropada por otras medidas ya puestas en práctica (genéricos, precios de referencia, difusión de guías farmacoterapéuticas, etcétera) podría resultar mucho más efectiva que la de 1993".

"Debe quedar claro que no se propone la retirada de ninguna especialidad de utilidad demostrada y que seaimprescindible para la salud del ciudadano", dijo antes de señalar que sobre esta medida, como sobre el conjunto del nuevo sistema de financiación, tendrá que pronunciarse el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con presencia de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas.

El ministro argumentó esa propuesta en que "nos gastamos en farmacia una proporción de lo que dedicamos a Sanidad sensiblemente superior a la media europea (más de la quinta parte del presupuesto), y además esta artida ha venido creciendo muy por encima del resto de los gastos o los ingresos del Estado. La conclusión parece bastante obvia: se trata de una situación imposible de mantener 'sine die'".