Según informaron a Servimedia fuentes de la citada institución, Alavarez de Miranda analizará las quejas que le han presentado en este sentido la Unión de Consumidores de España (UCE) y la Confederación de Consumidores y Vecinos, integrada en la Confederación de Asociaciones de Vecinos del Estado Español (CAVE).

Las mismas fuentes añadieron que, una vez el Defensor del Pueblo estudie las quejas de las dos organizacines, decidirá si emprende acciones sobre esta polémica decisión del Ejecutivo.

Tanto UCE como CAVE invocan la Constitución y el temor de que la exclusión de casi 900 fármacos de la financiación pública perjudique sobre todo a los sectores sociales con menor poder adquisitivo para apoyar su petición.

Ambas asociaciones alegan que el "medicamentazo" es una norma "que vulnera principios fundamentales protegidos constitucionalmente", por lo que piden al Defensor del Pueblo que inste al Gobierno a retrar el proyecto.