Así lo aseguraron fuentes jurídicas consultadas por Servimedia, que explicaron que cuando una persona se dedica a obtener un beneficio económico aprovenchándose de conductas "claramente" delictivas, como es el secuestro, está cometiendo un delito penado por el Código Penal.

Los 26 tripulantes del atunero español "Playa de Bakio" fueron liberados el pasado sábado después de pasar seis días secuestrados por piratas marítimos frente a las costas de Somalía.

Todo apunta a que en esta ocasión, como sucede en la mayoría de los secuestros, la liberación se logró gracias a la negociación entre el armador del barco y los piratas, unas conversaciones en las que suelen actuar mediadores profesionales, principalmente bufetes de abogados afincados en Londres que se dedican a este tipo de labor.

Pero para la justicia, la conductas de aquellas personas que convierten este tipo de actividad en un negocio son plenamente perseguibles, incluso dentro del marco de Derecho Internacional, que contempla los delitos de piratería.

En este sentido, las fuentes consultadas señalaron que dejar este tipo de conductas sin respuesta penal daría lugar a situaciones de "absoluta impunidad" que lo único que harían sería contribuir a que este tipo de actitudes delictivas "proliferasen y se extendiesen".