Así se recoge en la Memoria Económica que acompaña al anteproyecto de ley de mecenazgo remitido por el Ministerio de Hacienda al Consejo Económico y Social (CES) para que emita su dictamen, que fue aprobado hoy por el pleno de este organismo con 27 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención.

En la citada memoria, según rcoge el CES en su dictamen, se identifican las modificaciones normativas que pudieran tener alguna incidencia recaudatoria, y, tras analizar la magnitud económica del sector de instituciones sin fines de lucro, se estima el coste recaudatorio de la reforma en un máximo total de 48,5 millones de euros.

Este cálculo se ha hecho a partir de la importancia económica del sector de instituciones sin fines lucrativos, cuya renta disponible bruta representaba en 1999, según los datos de la Contabilidad Nacionl, el 0,7% de la Renta Nacional.

El CES emitió hoy su dictamen a la nueva ley de mecenazgo, del que se desprende que los agentes sociales esperaban que la reforma elaborada por el Gobierno aportara un mayor apoyo fiscal a las entidades sin fines lucrativos.

Entre las propuestas más destacables, el CES pide la retirada del anteproyecto de ley del precepto número 3 del artículo 3, que establece que las ESFL podrán comprar libremente participaciones en sociedades mercantiles que coticen en mercados ecundarios oficiales, pero limita los derechos de voto ejercitables al 3% e impide a las ESFL haber nombrado o nombrar, ni directa ni indirectamente, ningún administrador en dichas sociedades.

"Si lo que se pretende es condicionar las actividades de estas entidades en el ámbito mercantil", indica el CES, "debería explicitarse sin ambages". De ser así, a su juicio sería más adecuado hacerlo a través de limitaciones sobre el porcentaje de participación accionarial, y no sobre los derechos políticos inheentes a dicha participación.

Para el CES, la observancia de este requisito de limitación de los derechos políticos "puede entorpecer, cuando no imposibilitar, el funcionamiento de las sociedades participadas". Además, este organismo cree que si se establecen mecanismos de este tipo deberían plasmarse normativamente en la legislación sustantiva de las distintas entidades, y no en una norma de carácter fiscal.

En su dictamen, el CES valora positivamente que la norma incremente los incentivos fiscals a la iniciativa privada dirigida a la consecución de fines de interés general, pero apunta que las mejoras introducidas no tienen el mismo alcance para las distintas fórmulas de contribución al interés general.

En este sentido, considera que "se produce una reducción de la fiscalidad de las entidades sin fines lucrativos, y sólo un moderado incremento de los incentivos fiscales al mecenazgo". Ademas, cree que, en relación con los incentivos fiscales al mecenazgo ejercido por personas jurídicas, la neva ley introduce "un sesgo en contra de las aportaciones gratuitas y definitivas realizadas a favor de entidades sin fines lucrativos".

MAYOR PLAZO DE ADAPTACION

Aunque reconoce que se mejora la fiscalidad de las ESFL, el CES opina que la nueva ley introduce modificaciones significativas en los requisitos exigidos a las mismas para poder acogerse a este régimen fiscal privilegiado, por lo que reclama un plazo de adaptación mayor al establecido en el anteproyecto.

El CES critica también que la ey recoja una tipología cerrada de organizaciones que pueden acogerse a este régimen fiscal, lo que impide que puedan hacerlo otro tipos de entidades que también cumplen los requisitos exigidos ni tienen ánimo de lucro y persiguen fines de interés general.

El Consejo Económico y Social, como ya hizo cuando emitió su dictamen sobre el anteproyecto de Ley de Fundaciones, reitera su opinión de que lo idóneo hubiera sido haber conocido simultáneamente el contenido de ambos anteproyectos (el de Fundacionesy el del mecenazgo), por lo que recomienda que ambos proyectos de ley se tramiten conjuntamente en el Parlamento.