La nueva norma, aprobada por el Instituto Geográfico Nacional y publicada el pasado miércoles en el Boletín Oficial del Estado, amplía los límites marcados en la normativa de 1974, que establecía como zona de alto riesgo gran parte del poniente de la provincia de Almería y su capital.

Con en el real decreto recién aprobado, casi todos los municipios almeriense deberán ajustarse a la norma de "sismo resistencia" y sólo obtienen un grado "moderado" algunos términos municipales del Levante y norte de la provincia, como Carboneras, Garrucha, María y Vélez Blanco.

La declaración como zona de riesgo implica que todo tipo de edificaciones deberán cumplir una serie de normas obligatorias para ser aprobadas, medidas que se refieren fundamentalmente a los cálculos de estructura y a la resistencia, que deben tener los edificios a los movimientos sísmicos tanto verticles como horizontales.

Las primeras reacciones de los constructores almerienses han sido de satisfacción por la modificación de los viejos mapas, al considerar que la distribución actual de los riesgos es más realista con respecto a los fenómenos sísmicos que ocurren con cierta frecuencia en la provincia.

Las nuevas normas son reflejo de los estudios realizados en los últimos años, pero no en los laboratorios, sino en los escenarios de las tragedias.