Así se desprende del estudio presentado hoy por la consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, sobre las Repercusiones de la futura Ley sobre potestades administrativas en materia de actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía que ha realizado una empresa demoscópica atendiendo al encargo de su departamento.

Los resultados obtenidos respaldan, a juicio de la consejera, el anteproyecto de Ley que ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y que pretende conciliar el derecho al ocio con el derecho al descanso tratando de resolver una situación que incomoda a una gran parte de la población andaluza.

En cuanto a si la nueva legislación solucionará definitivamente el problema, las opiniones de los asistentes a estas concentraciones están divididas casi a la mitad (un 46,4% asume que se resolverá en gran parte o totalmente y el 51,6% restante cree que ayudará poco o nada).

En cualquier caso, opinan que la ley será complicada de aplicar por el elevado número de personas que participan en los botellones y por el arraigo que tiene la práctica de beber en la calle en Andalucía.

Esta actitud contrasta con la de quienes padecen el fenómeno, que expresan mayoritariamente su convencimiento de que la ley solventará la situación (un 61,4% a favor y un 38,6% en contra) y defienden la necesidad de que padres, centros educativos y administraciones inicien un proceso complementario para lograr que la legislación sea realmente efectiva.