Se trata de una iniciativa pionera en los servicios sociales españoles que ha puesto en marcha el ayuntamiento con el fin de dar a conocer a este colectivo el coste de estos servicios, financiados a través de los impuestos ciudadanos, y sensibilizarles para que hagan un uso responsable de los mismos.

La medida afectará a más de 6.000 usuarios de los centros de día municipales, tanto a los que acceden a centros para personas con deterioro físico, como a los que son beneficiarios de los programas de atención en centros de día para enfermos de Alzheimer. En el caso de los centros de día, los usuarios aportan el 25% del coste real de las prestaciones que reciben.

Esta medida se hará extensible también a los más de 42.000 usuarios del servicio de ayuda a domicilio en su modalidad de auxiliar del hogar. Estas personas abonan en torno al 6% del coste mensual del servicio.

Con la facturación mensual detallada, los responsables municipales creen que se contribuirá a la valoración de los servicios sociales y a la transparencia de la gestión municipal, ya que evidencia la distribución de los recursos económicos municipales en función de las necesidades de los ciudadanos y de su capacidad económica.

Según el ayuntamiento, con el paso del tiempo los servicios sociales han dejado de estar vinculados a la pobreza y a la gratuidad y se han convertido en un derecho ciudadano, exigible incluso en los tribunales de justicia, como es el caso de las prestaciones de la Ley de Dependencia.

La iniciativa municipal está en línea con la filosofía del sistema público de servicios sociales, según la cual el coste de las prestaciones debe ser financiado mediante copago, entre el usuario y la Administración. La aportación del beneficiario se determina en función de la renta mensual per cápita y de acuerdo al coste real de los servicios, cuyo precio es aprobado por el Pleno municipal.

En el caso de los centros de día sus tarifas se aprobaron en 2005, mientras que los servicios de ayuda a domicilio y lavandería se encuentran en fase de aprobación.

No obstante, nadie se puede quedar fuera del sistema por no poder hacer frente a ese copago, de manera que muchos usuarios con menores niveles de renta quedan exentos del abono de su parte o pagan cantidades puramente simbólicas.