En declaraciones a Antena 3, Mayor Oreja desgranó la reforma del Gobierno a la Ley de Extranjería, norma que entróen vigor el pasado mes de febrero.

Así, el titular de Interior señaló que el Gobierno quiere "dejar más clara la potestad de la Administración" en cuanto a los visados. "Si hay 600.000 visados que se dan en un año y 600.000 expulsiones", explicó, "no es posible que en cada decisión de un consulado español haya la posibilidad de interponer un recurso de carácter judicial". En su opinión, "hace falta que el visado sea una potestad administrativa sin posibilidad de recurso judicial".

En cuanto ala distinción de inmigrantes regulares e irregulares, Mayor Oreja afirmó que "necesitamos marcar una diferencia más nítida entre el inmigrante regular y el irregular. Según dijo, el Ejecutivo pretende "que el inmigrante regular tenga casi los mismos derechos que el nacional".

Para ello, continuó, "es indispensable que haya una frontera más clara, porque si no se estará fomentando la inmigración irregular. Para establecer esta frontera hay que realizar "una enumeración de derechos" y finalizar el "prceso de regularización".

En cuanto al procedimiento de regularización permanente, el ministro dijo que "sólo dos años de empadronamiento, que es lo que hoy establece la ley, no nos parece lo más ajustado". Añadió que el proceso de regulación podría dilatarse entre "cinco o seis años", que es el plazo establecido en otros países de la UE.

Por otro lado, comentó que "lo que hace falta es buscar esencialmente la legalidad desde el punto de origen, conseguir que podamos concertar con un conjunto e países, un cupo, un contingente, de manera que cuando ellos vengan aquí podamos tener una inmigración más ordenada".

También pidió una "mejor acción" frente a las mafias que trafican con personas. Según dijo, se impondrán "sanciones administrativas" a los transportistas. "Ellos no se responsabilizan nunca del flujo irregular que traen en sus transportes y no es posible que nos olvidemos de los principales responsables de esté tráfico y sólo no fijemos en los irregulares que traen".

Finalmene, comentó que el nuevo texto se llevará al Consejo de Ministros del próximo día 30 de junio. "No vamos a dilatar el debate de la ley porque todos conocemos las posiciones de todos", sentenció.

En cuanto a los plazos en los que quedará aprobado el nuevo texto, Mayor Oreja indicó que el "trámite parlamentario tendrá lugar en otoño de este mismo año" y agregó que el Ejecutivo intentará hacer "el mayor de los esfuerzos" para conseguir un acuerdo social y político.