El titular de Interior realizó hoy estas consideraciones durante el acto de firma de un convenio entre el ministerio que dirige y la Federación Española de Municipios y Provincias para desarrollar el cumplimiento de las penas privativas de libertad mediante el trabajo en beneficio de la comunidad. Est figura jurídica, que recoge el nuevo Código Penal, permite a los penados eludir el ingreso en prisión cuando se trata de delitos menores.

Para el ministro, la población reclusa formada por jóvenes de entre 26 y 30 años de edad "puede constituir por ello mismo una bolsa de trabajo altamente productiva y beneficiosa para la sociedad, por lo que estamos ante un gran reto de una parte de la juventud española en prisión".

Mayor afirmó que tras el primer año de gestión del nuevo equipo de Interior "sepone de manifiesto una de sus principales preocupaciones, que es el cumplimiento constitucional de la finalidad reinsertadora de esas penas privativas de libertad, de forma y manera que todas las medidas estén orientadas a la reeducación de las personas sin libertad".

Por su parte, la presidenta de la FEMP, Rita Barberá, subrayó "la voluntad de los municipios de colaborar siempre en el apoyo a la educación y reinserción social, que son los fines que buscan las penas privativas de libertad".

"Los yuntamientos", añadió, "manifiestan una vez más la voluntad de solidaridad, de ser los primeros en colaborar a la reiserción social antes que puedan tener una situación más difícil en cualquiera de las cárceles españolas".