Matutes dijo que una pretensión de ese tipo sólo demuestra la escasa voluntad del Gobierno de asumir sus responsabilidades políticas por decisiones que ha tomado en el pasado.

"La peor de las políticas" señaló, "es la que recarga esos costes, que nada tienen que ver, sobre el consumidor. Si en un momento dado el Gobierno decididó una moratoria nuclear y quiso esa opción política, la única forma de afrontr ese problema ahora es pagando su coste directamente y asumiendo su responsabilidad".

El ex comisario echó en cara al Gabinete de Felipe González que adopte medidas de ese calibre en un contexto de recesión económica, cuando lo conveniente sería lo contrario; es decir, abaratar los costes energéticos fundamentalmente a las empresas para aligerar sus economías y falcilitarles la reactivación y la mejora de su competitividad.

Matutes señaló que la futura repercusión de la moratoria nuclear en la trifa no será la única externalidad que los españoles están pagando en el recibo de la luz, y advirtió que esa política de descargar el coste de las decisiones sobre el consumidor sólo contribuye a perder empresas que ya estaban instaladas en España.

"Con estas políticas", agregó, "lo que ocurre es que la estructura de costes energéticos de las empresas son mayores que las de otros países competidores, y que empresas con fuertes consumos, en lugar de ayudarlas a potenciar su actividad, se han ido a Bélica y al norte de Frankfurt".

Abel Matutes indicó que el Gobierno debe tener mucho cuidado en este tipo de medidas, ya que su repercusión puede ser muy negativa sobre los objetivos generales de convergencia con Europa, como inflación, paro y crecimiento del PIB, que recordó no se están cumpliendo, y pueden tener un efecto contrario al perseguido.

Respecto a la situación económica del país, el ex comisario opinó que los resultados favorables que están mostrando algunos indicadores económicos, comola reducción del déficit comercial, no permiten hablar con seguridad aún de recuperación económica. Advirtió que la reformas estructurales que ahora pretende aplicar el Gobierno debieron hacerse desde 1986, para evitar un coste de la crisis tan fuerte como el que está sufriendo el país.

No obstante, señaló que deben llevarse a cabo con urgencia, porque lo contrario será asegurarse un sitio en el "furgón de cola" del proceso de la Unión Europea, al que España le interesa estar en primera línea "para deender desde posiciones de fuerza como le interesa que se haga esa integración".