En declaraciones a la Cadena Ser, la ministra se mostró preocupada por "lo nerviosos que hemos estado todos haciendo valoraciones" y recordó que tanto el Parlamento como el Consejo de Ministros llevan tiempo aborando este debate, con motivo del nuevo Código Penal.

Respecto a los autores de los crímenes, dijo que las personas que cometen este tipo de delitos deben estar en las cárceles, pero teniendo en cuenta que "estamos ante personalidades enfermas".

Matilde Fernández volvió a hacer referencia a la polémica existente en torno a la ley del aborto para afirmar que "si el Código Penal va deprisa, a lo mejor perdemos las mujeres".

"La sociedad", dijo, "tiene muy claro que no quiere que ningún profesioal de la medicina ni ninguna mujer vaya a la cárcel si ha decidido abortar, y si eso está claro los legisladores y los políticos debemos tenerlo en cuenta".

Sin embargo, añadió que las mujeres socialistas requieren tiempo para provocar un cambio de actitudes y mentalidades entre los propios parlamentarios y convencerles sobre la necesidad de instaurar una ley de plazos.

La titular de Asuntos Sociales también habló de las mujeres del Partido Popular, a las que pidió que trabajen pensando en todas as mujeres españolas si finalmente José María Aznar decide encomendarles un 33 por ciento de los puestos directivos del partido.

Finalmente, hizo referencia a 1993 como "Año de los mayores", y recordó que el envejecimiento de la población europea producirá significativos cambios sociales. "Las personas mayores", agregó, "que cada vez están más sanas y más preparadas culturalmente, pueden jugar cuando se jubilan un papel muy activo y protagonista, de voluntarios y de voluntarios en solidaridad con otro colectivos".

Sin embargo, matizó que resulta más fácil ejecutar los proyectos políticos de carácter social aplicando las tesis de la socialdemocracia que desde planteamientos liberales, por considerar que estos últimos elaboran diseños menos solidarios.

Matilde Fernández recordó que a finales de siglo en España habrá 6.200.000 personas mayores de 65 años, de las cuales el 20 por ciento tendrán más de 80 años, es decir, "se habrá dado un salto del cien por cien en envejecimiento en nuestro país". De las 120.000 residencias para la tercera edad que hay en todo el territorio nacional, el 60 por ciento son privadas y de ellas el 35 por ciento están regidas por órdenes religiosas.

La ministra afirmó que en este tipo de políticas es necesaria la intervención del Estado y añadió que en las residencias públicas no hay personas con pensiones superiores a las 60.000 personas.

No obstante, reconoció que hay pocos servicios sociales, faltan residencias y existen deficiencas en la ayuda a domiciio, al tiempo que desaconsejó la utilización de hospitales como centros de acogida de ancianos.

"Los mayores sin plaza de residencia considerados crónicos", señaló, "acaban metiéndose en un hospital, lo cual cuesta diariamente entre 28.000 y 30.000 pesetas, y si no necesita ser operado o vivir un postoperatorio una persona anciana en un hospital no está bien atendida, porque la estructura organizativa es para curar a un enfermo o para operarle".