MATILDE FERNANDEZ ASEGURA QUE EL AJUSTE NO AFECTARA A PENSIONES, EDUCACION O SANIDAD EN LOS PRESUPUESTOS DE 1993

MADRID
SERVIMEDIA

La austeridad de los presupuestos generales del Estado para 1993 no afectará a aquellos servicios públicos de bienestar ya en funcionamiento, como pensiones, educación y sanidad, aunque "tal vez" impida la creción de otros nuevos, afirmó hoy la ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández.

En una pausa del seminario sobre "Políticas de igualdad entre los sexos en Suecia y España", que se celebra en el Ministerio de Asuntos Sociales, la ministra aseguró que "hemos elegido el no frenar el mantenimiento y el desarrollo de las infraestructuras que ya hemos creado; es decir, pensiones, educación y sanidad no serán sectores que sufran recortes".

Sobre el "sí" a Maastricht dado por los franceses, Fernánde señaló que era "positivo" y que lo importante es avanzar, aunque fuera a pequeños pasos. "Lo que sí creo es que con expectativas, con miedos -aquí hemos escuchado a mujeres suecas con algunos temores-, hay cada vez más países que quieren formar parte de esa estructura macro-nación que en Europa estamos dibujando".

Preguntada sobre qué opinaba acerca de la postura del Partido Popular e Izquierda Unida, que piden una reinterpretación del tratado de Unión Europea, la ministra de Asuntos Sociales respondó que "el tratado de Maastricht es lo suficientemente abierto como para que constantemente se le esté dando contenidos concretos y se esté evaluando esos avances".

Matilde Fernández recordó, parafraseando al presidente Felipe González, que "si no tuviéramos los retos de Maastricht, los tendríamos que tener como país en nuestros objetivos macroeconómicos para poder avanzar en ese objetivo de que las políticas de bienestar o de gasto social no se dispersen, no se reduzcan".

Preguntada por el aplazaiento al mes de noviembre del pronunciamiento sobre la ampliación de la despenalización del aborto por parte de la jerarquía eclesiástica, la ministra afirmó que "hay una realidad y es la petición de este Gobierno -y creo que de la mayoría de la sociedad española- que consiste en que la interrupción de un embarazo no deseado no sea motivo de culpabilización y, por tanto, de incorporación a un penal, de una mujer".

(SERVIMEDIA)
21 Sep 1992
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