En su último Boletín de "Panorama Sociolaboral de la Mujer en España", difundido hoy, el CES pide que ese nuevo contrato se incluya en el anteproyecto de ley de conciliación de la ida familiar y laboral que el Gobierno tiene previsto aprobar el próximo viernes.

De acuerdo con el anteproyecto del Gobierno, si el puesto de trabajo supone un riesgo para la mujer embarazada y su empresario no tiene un lugar donde reubicarla, se podrá adelantar su baja por maternidad y su prestación económica consistirá en un subsidio equivalente al 75 por ciento de la su base reguladora.

No obstante, dentro del Consejo Económico y Social, los sindicatos CCOO y UGT consideraron que la prestació económica en caso de suspensión por riesgo para el embarazo debe ampliarse al cien por cien de la base reguladora, por tratarse de una circunstancia derivada de la maternidad.

Finalmente, para los posibles contratos de sustitución por maternidad -sean antes o después del parto-, se podrá aplicar la contratación denominada como "coste cero", en la que es la Administración la que corre con los gastos de Seguridad Social del nuevo contratado.