El CGPJ, que transmitió su petición a Justicia la pasada semana, entiende que existen indicios suficientes de anomalías en la actuación de Sampedro durante el proceso que siguió la Audiencia Nacional contra tres integrantes del comando etarra, que huyeron tras quedar en libertad el pasado mes de junio por haberse cumplido el plazo máximo de 4 años de permanencia en prisión preventiva sin haber sido juzgados.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Servimeda, el secretario judicial podría haber incumplido su obligación de dar cuenta del cumplimiento de los plazos de prisión preventiva de los etarras al juez.

Por el momento, el Consejo no ha nombrado juez instructor para este caso, por lo que Justicia se encuentra a la espera de la decisión del órgano de dirección de los jueces con el fin de trasladar el resultado de las diligencias informativas que la Dirección General de Administración de Justicia ha realizado durante los dos últimos meses.

Una ve nombrado el instructor y realizadas las diligencias pertinentes, el juez que se designe elevará al CGPJ la propuesta que proceda, bien de sanción del secretario de la Sala o de archivo del expediente.

La fuerte polémica que desató el conocimiento de que los etarras no habían sido juzgados durante los cuatro años de prisión preventiva provocó la reacción del CGPJ, cuyo presidente, Pascual Sala, se vio obligado a explicar los extremos del caso ante el Congreso el pasado mes de diciembre.

Previamene a su comparecencia ante la Cámara Baja, el organismo que preside ordenó la apertura de una investigación a los servicios de inspección del CGPJ, que fue remitida al Ministerio de Justicia e Interior, al Colegio de Abogados de Madrid, al Colegio de Procuradores y al fiscal general del Estado por si los abogados, el secretario de la Sala, el procurador o el fiscal hubieran incurrido en responsabilidades disciplinarias.

De la investigación realizada se ha derivado también la apertura de expediente discplinario contra dos magistrados de la Sala II de lo Penal de la Audiencia Nacional, que fueron los ponentes del caso, por entender que se produjeron retrasos indebidos en el desarrollo del juicio oral de miembros del "comando Matalaz".

El CGPJ nombró al magistrado José Jiménez Villarejo instructor de ese expediente y hasta el momento ha tomado declaración a los magistrados expedientados, aunque aún no ha remitido a la Comisión Disciplinaria del Poder Judicial su propuesta de resolución.

Asimismo,se abrieron diligencias informativas sobre la actuación del fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos, que finalmente fueron archivadas por la Fiscalía General del Estado el pasado 10 de enero al comprobar que su actuación había sido correcta.