Para esta ONG, las declaraciones institucionales contra los organismos modificados genéticamente son una muestra del "rechazo" social a su introducción en la alimentación y agricultura española.

"La declaración de cuatro comunidades autónomas (Asturias, Canarias, Baleares y País Vasco) y más de 90 municipios, diputaciones provinciales o cabildos insulares permiten que ya sean más de nueve millones de personas las que viven en territorios declarados libres de transgénicos", añade Amigos de la Tierra.

Los municipios de Altea (Alicante), Val do Dubra (Coruña), La Acebeda (Madrid), Etxauri (Navarra), Elche de la Sierra (Albacete) o la Diputación de Málaga han sido algunas de las últimas instituciones en sumarse a esta iniciativa.

"La declaración de una zona como libre de transgénicos expresa a nivel institucional el rechazo ciudadano, y es una señal clara para la industria, que pretende a toda costa introducir unos productos para los que no existe demanda", concluyó David Sánchez, responsable del Área de Agricultura y Alimentación de Amigos de la Tierra.