La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores sostiene que en la región funcionan un centenar de residencis ilegales, con más de 1.500 mayores que viven en condiciones mínimas de habitabilidad. El Partido Popular sostiene en cambio que el 55% de las residencias no reúne las condiciones necesarias para prestar un servicio especializado a los ancianos.

En este sentido, la vicesecretaria regional del PP ha denunciado la incapacidad política del consejero de Trabajo y Asuntos Sociales, Ramón Marrero, para reubicar a los afectados en otros centros, pese a conocer, a su juicio, con precisión cuáles son las resiencias que cometen irregularidades.

El Gobierno andaluz aprobará en septiembre un decreto que regulará el funcionamiento de las residencias en la Comunidad Autónoma, si bien la moratoria prevista en la normativa impedirá que la Junta de Andalucía disponga de un registro oficial de residencias hasta 1998.