De los aproximadamente 2.500 castillos catalogados, un tercio perteece a particulares, mientras que el resto está en manos de ayuntamientos, comunidades, del Estado o de entidades públicas. No obstante, hay grandes dificultades para conocer quiénes son los propietarios reales de estos monumentos.

La asociación mantiene que las ayudas que reciben los propietarios de los castillos para acometer obras de restauración son escasas y oscilan entre el 25 y el 30 por ciento del gasto presupuestado en el mejor de los casos, dependiendo de la comunidad autónoma o administració local que la conceda.

Asimismo, califica de insuficiente la exención en el pago de los impuestos municipales y de plusvalías contemplada en la citada ley para este tipo de edificios, ya que para acceder a estos beneficios es necerario que los castillos estén abiertos al público.

"Abrir un castillo supone unos gastos tremendos que no se amortizan con los beneficios que se reciben a cambio. Hay que poner en marcha un cuerpo de vigilancia, de limpieza y un sin fin de servicios más que suponen fuerts desembolsos", indicó un portavoz de la Asociación de Amigos de los Castillos, institución fundada en los años 50.