El Libro Blanco de la Dependencia ha sido entregado por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, al presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín.

Este documento, según Caldera, se presenta como un referente imprescindible del diálogo social y político que el Gobierno pretende llevar a cabo con los agentes sociales con las administraciones públicas, y con los grupos parlamentarios antes de presentar el proyecto de Ley de Atención a las Personas Dependientes en el próximo periodo de sesiones.

DATOS

Según el Libro Blanco de la Dependencia, la población dependiente severa y grave es de 1.125.190 personas, de las cuales 826.551 tienen más de 65 años. Además, hay 1.657.400 personas que necesitan algún tipo de ayuda para alguna actividad de la vida diaria.

El ministro Jesús Caldera señaló que la atención a las personas dependientes se realiza en el ámbito familiar y recae especialmente en las mujeres. El 83% de los cuidadores son mujeres y con una edad media de 52 años.

Otro dato destacado por Caldera fue que actualmente sólo el 6,5% de las familias que cuidan a personas dependientes cuenta con el apoyo de los servicos sociales. Así, y según el Libro Blanco, sólo el 3,14% de las personas mayores de 65 años cuentan con un servicio de ayuda a domicilio, el 2,05% con teleasistencia y el 0,46% con una plaza en un centro de día.

RESPUESTA EFICAZ

Ante esta situación, explicó el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el Gobierno quiere dar una respuesta eficaz impulsando un Sistema Nacional de Atención a las Personas en situación de Dependencia y que incluye un conjunto de programas y servicios. Además, la ley debe fijar un catálogo de prestaciones báiscas: ayudas técnicas, ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día y residencias.

Universalidad, un sistema público, de igualdad de acceso, valoración y reconocimiento único en todo el país, gestión descentralizada, participación de los usuarios en el pago de los servicios, prestación preferente de servicios antes que económica, compatibilidad de la provisión pública de servicios y acción concertada con la iniciativa privada, la atención de la dependencia se articulará través de una ley estatal de carácter básico, en el marco de la seguridad social son los puntos principales que recoge el plan, según Caldera.

El ministro anunció también que este proyecto se desarrollará en colaboración con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales, y en diálogo con los grupos políticos, agentes sociales, las ONG, entidades sociales, y el sector empresarial.

Respecto a la financiación del Sistema Nacional de Dependencia, el ministro señaló que la financación debe venir desde la Administración del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, así como el pago de una parte del servicio por las propias familias. Jesús Caldera subrayó que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socialdes está trabajando y asume como dos compromisos "el no elevar los impuestos y no encarecer los costes laborales".

El ministro afirmó que una vez puesto en marcha el Sistema Nacional de Dependencia (unos 8 años), éste funcionará con unos 8.500 millones de euros anuales, según los datos estimativos del Libro Blanco, que a su vez señala que la puesta en marcha del sistema generaría unos 300.000 puestos de trabajo.