Esas embarcaciones, en su mayoría procedentes de Ayamonte e Isla Cristina, la zona más próxima a Portugal de la provincia de Huelva, no tienen permiso para pescar debido a que sus propietarios "prefieren" continuar en esta situación, con la finalidad de no estar "controlados" al tener que hacer frente a los imuestos y otras cuotas derivadas de su legalización.

Al margen de infringir la actual normativa en materia pesquera por la carencia de los correspondientes permisos para faenar, esas embarcaciones, que son en su mayoría pequeñas pateras, dañan de forma notable los caladeros donde capturan la coquina, dado que esa actividad no está sujeta a ningún control de protección, según indicaron las mismas fuentes.

Aunque en los últimos años ha habido graves incidentes entre alguna de esas embarcaciones espaolas y las autoridades portuguesas, últimamente no se han registrado sanciones o apresamientos.

En varias ocasiones, las barcas implicadas fueron objeto de persecución por parte de patrulleras portuguesas cuando las localizaron en aguas jurisdiccionales lusas, e incluso una de ellas resultó tiroteada años atrás, aunque no hubo que lamentar desgracias personales.

Los propietarios abandonan algunas de las embarcaciones apresadas y retenidas en Portugal al no poder hacer frente a las sanciones que ls imponen las autoridades del vecino país, ya que a veces son de una cuantía superior al valor de las pateras.