La huelga, que se desarrollará en Italia, Francia, Portugal, Grecia y España, es la primera convocada a nivel comunitario por todos los sindicatos de un mismo sector. En la CE, el cabotaje -transporte marítimo de mercancías en líneas regulares- da empleo a 35.000 trabajadores, de los que 13.500 son españoles.

UGT y CCOO también aprovecharán la huelga para exigir al Gobierno que retire el anteproyecto de ley que ha elaborado para regular el Regisro de Buques en Canarias, que permite contratar a un 50 por cien de las tripulaciones con personal no comunitario.

A su juicio, la puesta en marcha del segundo registro y la liberalización del cabotaje comunitario a partir del 1 de enero de 1993 "dejarían en el paro a los 13.500 marinos españoles que trabajan ahora en el sector sin niguna alternativa de empleo".

Andoni Lecertua dijo que "el Gobierno español pretende ser más papista que el Papa, en su deseo de aplicar la liberalización que aconsej la CE, ya que puede hacerse con garantías de mantener el empleo actual, como han hecho Japón y Estados Unidos para sus flotas de cabotaje".

El representante de UGT, Manuel Domínguez, afirmó que la huelga de 24 horas convocada para el día 28 de enero, "sólo será el inicio de movilizaciones más fuertes, si la CE no discuten con los sindicatos, un periodo transitorio para modernizar las flotas y liberalizar el cabotaje, con garantías para los trabajadores".

Por su parte, los secretarios de Acción Sndical de UGT y CCOO, Apolinar Rodríguez y Agustín Moreno, respectivamente, afirmaron que el ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, se contradice porque, "antes de apoyar la liberalización, la calificó de tercermundismo laboral inaceptable".

Según Rodríguez, el segundo registro y la liberalización permitirán contratar a trabajadores del Tercer Mundo "en condiciones de sobreexplotación laboral, a cambio de los empleos nacionales que ahora hay en el sector".

A su juicio, "se quieresalvar el negocio a cambio de arruinar el empleo, lo que supone un mal precedente que los sindicatos no pueden aceptar, sobre todo, cuando existen otros intentos de reconversión encubierta, en la minería y la siderurgia".