Así lo refleja una investigación llevada a cabo por la Dirección General de Consumo, integrada en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, junto con las autoridades competentes en materia de protección del consumidor de Cataluña, Islas Baleares y Madrid coordinadas por la Oficina de Enlace Única española de la Red Europea de Cooperación para la Protección de los Consumidores ("Red CPC"), según precisó este miércoles el departamento de Pablo Bustinduy en un comunicado.

Tal y como apuntó dicho gabinete, esta actuación se enmarca en un barrido de la Red CPC en el que han participado 22 Estados miembro, Noruega e Islandia bajo la coordinación de la Comisión Europea, con el objetivo de “comprobar” si los influencers publican el contenido publicitario “de acuerdo con la legislación europea”.

En total, se revisaron las publicaciones de 576 influencers, de los cuales el 97% publicaba contenido con carácter comercial, pero “solamente uno de cada cinco lo indicaba de forma correcta”, según Consumo.

En el caso de España, se investigó el contenido que publican más de 40 influencers, que cuentan con un “gran número de seguidores” y que están activos en diferentes redes sociales y en distintos sectores como los de moda, viajes o estilo de vida y la investigación concluye que, de ellos, “tres de cada cuatro incumplen uno o varios preceptos de las normas”.

ETIQUETADO DE CONTENIDO PUBLICITARIO

Además, según el gabinete de Bustinduy, la “mayoría” de estos influencers no utilizan las etiquetas que proporcionan las plataformas para indicar al lector que se trata de contenido publicitario como, por ejemplo, la de ‘Colaboración pagada’ y, usan términos “muy genéricos” como “publi” o “ad”, abreviatura de la palabra inglesa “advertisement”, o incluyen un “agradecimiento genérico” a la marca asociada, “dificultando” al consumidor “la posibilidad de identificar que se trata de contenido con carácter comercial o publicitario”.

Los influencers que, según esta investigación, han “incurrido en potenciales incumplimientos de la normativa” recibirán una comunicación en la que se les ofrecerá “información y asesoramiento” para que su contenido comercial “se ajuste a la normativa europea”, incluyendo una guía de buenas prácticas de Autocontrol, la asociación que controla la autorregulación de la publicidad, y las empresas “detrás” de estas comunicaciones comerciales serán igualmente informadas de los “potenciales incumplimientos” y de su “responsabilidad al efecto”.

“En cualquier caso, las autoridades de Consumo se reservan la posibilidad de llevar a cabo acciones adicionales, lo que podría desembocar en sanciones económicas, para asegurar el cumplimiento de la normativa europea y la lucha contra la publicidad engañosa”, advirtió Consumo.

En este contexto, defendió que la realización de esta actuación es “particularmente relevante”, al entender que, en el entorno online y, “muy especialmente, en las redes sociales”, los usuarios “se enfrentan a menudo a mensajes publicitarios de influencers que no son claramente identificables y que, por lo tanto, podrían inducirles a error” y, “en numerosas ocasiones”, este tipo de mensajes van dirigidos a un grupo de consumidores “especialmente vulnerables”, como son los jóvenes.

No obstante, el ministerio dijo “entender” que “muchas” de estas “infracciones” pueden “deberse al desconocimiento” y, por esta razón, en una “primera fase”, aboga por emprender una “labor pedagógica y de información” que “permita” a los influencers “corregir las conductas inadecuadas y respetar la legislación europea en esta materia”.

“El objetivo es que el comercio online sea igual de seguro y ofrezca las mismas garantías a las personas consumidoras que el offline, ya que la legalidad de la publicidad en redes sociales es una de las prioridades comunes de las autoridades europeas en materia de protección al consumidor”, sentenció.