El ingreso de esta cantidad ya ha sido hecho efectivo por la familia Botín en una de las cuentas corrientes que la Diputación Regional tiene en una entidad cántabra y se ha producido en el plazo de seis meses fijado por la ley para que los familiares realicen una declaración sobre los bienes que reciban del fallecido. Emilio Botín falleció el 22 de septiembre de 1993.

La familia Botín ha tenido que aplicar el coeficiente más bajo para determinar el Impuesto de Sucesón a abonar, por tratarse de una sucesión directa entre padre e hijos.

A pesar de que la familia Botín tiene en la actualidad su residencia fiscal en Madrid, el hecho de que Emilio Botín-Sanz de Sautuola mantuviera su domicilio en Santander posibilita que Cantabria reciba el importe de este impuesto.

La cantidad abonada, 6.023 millones, supone un importante aporte a las maltrechas arcas de la Diputación regional. El presupuesto cántabro de 1993 se cifró en 46.608 millones, por lo que la percepció de este impuesto supone el 13 por ciento del presupuesto.

Asimismo, la importancia de la cantidad queda reflejada en el hecho de que en la Ley Económica de la Comunidad se contemplaban 7.874 millones de pesetas para gastos financieros, mientras que las inversiones reales se cifraban en 8.750 millones de pesetas.

REACCIONES

Si la percepción de esta cantidad de dinero ha sido bien recibida por parte de todos los partidos políticos por lo que puede suponer para las arcas de la región, ya se ha custionado la utilización que de este dinero se hará por parte del Ejecutivo presidido por Juan Hormaechea, ya que la comunidad autónoma carece aún de presupuesto para 1994 y se está gestionando con la prórroga del anterior ejercicio.

En este sentido, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea regional, Miguel Angel Palacio, ha señalado que "si el Gobierno se empeña en despilfarar puede hacerlo, y de este Gobierno nos tememos lo peor".

Palacio, que consideró que la noticia es "mu positiva", indicó que a través de las medidas de control aprobadas por la Asamblea regional se puede controlar el gasto de este dinero, "pero no podremos evitar el despilfarro si el Gobierno se empeña en seguir haciendo barbaridades".

"Si el Gobierno se empeña en dilapidar este dinero lo podrá hacer, porque la Asamblea con la Ley de Control Presupuestario aprobada en diciembre de 1993 sólo puede controlar 'a posteriori'", señaló Palacio.

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento cántabro José Antonio Arce, afirmó que "hay que hacer un buen uso de este dinero" e indicó que el principal destino de esta cantidad debe ser el pago de las deudas contraídas por el Gobierno regional con pequeños proveedores, algunos de los cuales no cobran desde 1989.