El director de la sección española de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, aseguró que "decenas de miles de personas dejaron sus casas para exiliarse dentro o fuera del país", y más de 2.200 fueron secuestradas por la guerrilla y por los grupos paramilitares colombianos.

Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Colombia sigue siendo uno de los países del mundo que mantiene una grave crisis humanitaria.

El informe elaborado por Amnistía Internacional,titulado "Un laboratorio de guerra: represión y violencia en Arauca", analiza la situación de derechos humanos que se vive en este departamento y que representa la crisis humanitaria de toda Colombia.

Así, entre el 1 de enero y el 14 de noviembre de 2003, Arauca fue escenario de más del 47% de los homicidios, detenciones y privaciones de libertad arbitrarias ocurridas contra sindicalistas en todo Colombia.

El control sobre este departamento, a causa de su importancia estratégica en materia económca, militar y geográfica, se ha convertido en un factor fundamental para todos los agentes armados de Colombia: las fuerzas de seguridad, los paramilitares apoyados por el ejército y los grupos armados de oposición.

Amnistía Internacional asegura que a lo largo del último año, el gobierno del presidente Álvaro Uribe ha utilizado Arauca, rica en petróleo y cercana a Venezuela, como "campo de pruebas para muchas de sus políticas clave de seguridad, sobre todo las relativas a las conocidas como Zonas de ehabilitación y Consolidación, lugares especiales de seguridad.

Auque la Zona de Rehabilitación y Consolidación del departamento de Arauca ya no está legalmente en funcionamiento, la ONG denuncia que las fuerzas de seguridad han seguido atacando a la población civil, especialmente a los defensores de los derechos humanos, a los activistas sociales y a los dirigentes campesinos.

Se calcula que sólo en el municipio de Tame, perteneciente al Estado de Arauca y con unos 55.000 habitantes, 175 persona fueron asesinadas en 2003, frente a las 144 de 2002 y las 86 de 2001.

CESE DE AYUDA MILITAR

Por este motivo, Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional para Colombia, pidió al gobierno colombiano que derogue las medidas que amenazan con agravar el problema de la impunidad en el país, así como las que otorgan poderes de policía judicial al ejército.

Igualmente, la ONG exhorta a la comunidad internacional para que insten al ejecutivo colombiano y a los grupos armados de oposición a lcanzar un acuerdo humanitario para retirar a los civiles del conflicto.

Por último, Pollack exigió al nuevo gobierno de Zapatero que "cese la ayuda militar a Colombia" hasta que no tenga la seguridad de que no se va a utilizar para "violar derechos humanos".