En su repaso a todas las medidas puestas en marcha desde su aprobación, Orozco se refirió a la Renta de Inserción Activa, un derecho económico reconocido por la ley para reforzar la autonomía personal y la inserción social de las mujeres víctimas de malos tratos.

Según dijo, en el primer trimestre de 2006 un total de 5.064 mujeres han sido beneficiarias de esta Renta Activa. Además, 19 de ellas han recibido también ayuda por cambio de residencia.

Estos derechos económicos que recoge la normativa también incluyen ayudas para mujeres con escasez de recursos, una partida que cuenta con un crédito ampliable que asciende a un millón de euros.

Desde el año 2004, el número de beneficiarias de la Renta Activa ha pasado de 4.893 a 5.287, lo que supone un incremento del 8,05%.

Igualmente la nueva normativa ha ampliado los derechos laborales. En este sentido, el número de contratos bonificados ha pasado de 248 en 2004 a 422 en 2005, lo que representa un aumento del 70,16%.

Uno de los principales objetivos de la ley ha sido ofrecer a las víctimas toda una serie de garantías que les dieran la confianza necesaria para denunciar. Para Encarnación Orozco, en este año se ha demostrado que "el sistema de protección protege". Indicó que ha aumentado la confianza y con ello las denuncias.

Sobre la necesidad de homogeneizar las estadísticas sobre violencia de género, Orozco se refirió a la próxima creación del Observatorio de la Violencia, un órgano que verá definitivamente la luz el próximo 28 de junio.

Su objetivo, señaló, es la constitución de una base de datos capaz de aglutinar la realidad de este fenómeno, "hacer una fotografía completa y homogeneizar datos".

MÁS DENUNCIAS DE INMIGRANTES

Del análisis de los datos de denuncias y de muertes (34 mujeres han muerto en lo que va de año), Orozco destacó el peso que están adquiriendo las mujeres inmigrantes que se atreven ya a denunciar. Según dijo, de las 100.000 denuncias registradas en 2005, un 30% de ellas son de mujeres inmigrantes.

Un dato llamativo, explicó, es que, a pesar de lo que pueda parecer, la realidad es que muchas de estas denuncias se refieren a agresores españoles y no de la propia nacionalidad de la víctima.

La delegada del Gobierno en esta materia también se refirió al ámbito educativo para dar respuesta a la violencia de género, y destacó la importancia de la nueva asignatura "Educación para la Ciudadanía", que, según aseguró, no sólo será evaluable, sino que, además, será uno de los pilares del sistema.

Por último, subrayó la necesidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncie cuanto antes sobre la veintena de recursos que tiene planteada esta ley por el mayor gravamen de penas que prevé cuando el agresor es un hombre y la víctima una mujer.

"Es muy importante que el Constitucional se pronuncie y resuelva cómo debemos de seguir avanzando", dijo. "Estamos absolutamente deseosos de saber por fin cuál es el criterio del Constitucional".