Estas organizaciones piden al ministro una reforma del decreto de 2001 que establece las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, con el fin de establecer mayores restricciones a las emisiones radioeléctricas y más medidas de protección sanitaria. Además, reclaman que la norma incorpore las recomendaciones emitidas en esta materia por el Parlamento Europeo para garantizar la salud de las personas.

En la entrega de la misiva, Francisco Caño, presidente de la FRAVM, y Teo Oberhuber, de Ecologistas en Acción, estuvieron acompañados por miembros de asociaciones vecinales de Madrid, Móstoles, Getafe y Leganés. Precisamente en esta última localidad, la semana pasada la federación de asociaciones vecinales del municipio registró más de 11.400 firmas en la Casa del Reloj para reclamar una ordenanza de regulación de la instalación de antenas y la retirada de las decenas de antenas que operan en el casco urbano de la ciudad.

Las organizaciones sociales denuncian que el ministro, lejos de considerar las recomendaciones europeas, han anunciado el pago de incentivos económicos y la dotación de infraestructuras a aquellos ayuntamientos que faciliten la instalación de antenas de telefonía móvil, de modo que los consistorios que ofrezcan más licencias a las compañías de telecomunicaciones tendrán más dinero público para facilitar, a su vez, el desarrollo de las tecnologías de la información.

La FRAVM y las demás organizaciones que suscriben la carta consideran que "es una incongruencia y un ejercicio de grave irresponsabilidad que desde el Ministerio de Industria se lance una campaña de mano de las grandes operadoras de telefonía móvil para favorecer económicamente a los ayuntamientos que aprueben la instalación de más antenas".

De esta manera, se contradice, a su juicio, las recomendaciones europeas y se prescinde de los criterios científicos de más de 1.500 estudios que advierten que la exposición continuada a radiaciones electromagnéticas excesivas genera problemas de salud.

En su misiva, las mencionadas entidades piden al titular de Industria, por tanto, que reduzca el límite de generación de radiaciones electromagnéticas hasta niveles que protejan a la salud, que la Conferencia de Salzburgo establece en 0,1 microWatios/cm2 y al responsable del Ministerio de Sanidad, Bernat Soria, a que invite a Sebastián a considerar esta petición.