El acto de protesta contaba con el respaldo de los sindicatos SIPVS, UGT y USO, quienes estiman que la Ley de Seguridad Privada pone en peligr la continuidad de más de 30.000 de los 70.000 puestos de trabajo del sector.

En Madrid, los vigilantes jurados y guardas de seguridad efectuaron la donación en unidades móviles de la Cruz Roja, de las que colgaron pancartas con leyendas como "Antes de que Corcuera nos chupe la sangre, nosotros la donamos".

Pedro Baciero explicó que los vigilantes jurados seguirán con su plan de movilizaciones, que incluye una manifestación el próximo 14 de noviembre, huelgas de hambre cuando el proyecto de ley sa remitido a las Cortes y un paro de 24 en una fecha todavía por determinar.

Baciero señaló que la retirada del 90 por ciento de las más de 40.000 armas que hay en el sector impedirá la contratación de los vigilantes jurados por numerosas empresas y se preguntó qué banco va contratar a un guarda sin arma.

Criticó también las sanciones previstas en la ley, que pueden llegar hasta 1 millón de pesetas para los vigilantes jurados que realicen funciones para las que no estén autorizados. A su juicio, os vigilantes sólo deben estar sujetos a las sanciones previstas en el Estatuto de los Trabajadores.

La Ley de Seguridad Privada suprime la consideración que hasta ahora tenían los vigilantes jurados de agentes de la autoridad y restringe el uso de armas a supuestos muy concretos, como la protección de dinero o valores, la vigilancia de fábricas y depósitos de armas.

Además, prohibe que los vigilantes jurados intervengan en conflictos laborales, propios o oajenos a su empresa. En su régimen sancinador, preve multas de hasta 25 millones de pesetas para las empresas y de hasta un millón para los vigilantes.