Estos objetores, que ascenderán a unos 7.000 este año y a 10.000 el próximo, serán obligados a desplazarse de su lugar de residencia en caso de que no se puedan atender sus preferencias para realizar la PSS y queden plazas vacantes en otras comunidades, que les serán adjudicadas forzosamente.

"Lo ideal es que esta práctica se redujese lo más posible", afirmó Belloch, quien precisó que la adjudicación forzosa será "el último recurso, no el criterio general". El ministro de Justicia indicó que este "planteamiento riguroso" de la objeción de conciencia va a traer como consecuencia que las comunidades autónomas asuman este tema como "muy importante" y comprendan que en caso de que no colaboren para crear las plazas de PSS necesarias, "se encontrarán con que será mayor el número de objetores desplazados a otras comunidades".

Por ello, consideró necesario que las autonomías colaboren en el plan creando plazas de la PSS con contenido real, al igual que reaizarán la mayoría de los ministerios, que suscribirán convenios sectoriales para crear urgentemente nuevas plazas, principalmente en las áreas de protección civil, medio ambiente, servicios sociales, servicios sanitarios, cooperación internacional y educación y cultura.

Belloch indicó que el nuevo plan prevé que los objetores puedan incoporarse en septiembre a las nuevas plazas, de manera que este año puedan realizar la PSS unos 35.000 objetores, procedentes de los años 1991 y 1992.

Al año siguiete, ascenderán a 50.000 los objetores que realicen la PSS, que serán los reconocidos en 1993 y en el primer semestre de 1994. Finalmente, en 1996 serán llamados los reconocidos en el segundo semestre de 1994 y en 1995, de manera que ese año finalizarán las listas de espera, según las previsiones.

Además de la novedad de la movilidad forzosa, Belloch anunció que en algunos casos, dadas las características de las plazas de la PSS, los objetores verán reducido el periodo de prestación, como es el caso delos que se encuentran en la actualidad en Bosnia.

Explicó que para ello, la PSS será contabilizada en esos casos por horas de trabajo, lo que implicará posteriormente una reducción en meses del periodo de prestación.

Por el contrario, en el supuesto de que algún objetor incurra en una falta grave, como abandono reiterado e injustificado de su destino, será sancionado con un alargamiento de hasta 3 meses del periodo de la PSS. Este régimen disciplinario ya está siendo aplicado en la actualidad a agunos objetores "pero poco".

Belloch indicó que lo que pretende este plan no es un "endurecimiento" de la objeción, sino que las plazas tengan contenido real "como requiere la dignidad del objetor".

"Lo que se trata es que la objeción, que es una cosa muy seria y digna, no pueda ser criticada y ridiculizada como consecuencia de la creación de plazas ficticias", insistió.

El titular de Justicia dijo que se intensificarán las inspecciones para combatir la creación de ese tipo de plazas sin conenido real, pasando de los 5.600 controles realizados a 12.500. Además, anunció que el Ministerio de Justicia podrá rescindir unilateralmente los convenios suscritos con otras administraciones o entidades en caso de que detecte que los puestos creados no responden a las necesidades sociales requeridas.

"Lo importante es que el ciudadano opte por la objección de conciencia o por el servicio militar pero sabiendo que al final va a hacer un trabajo útil", agregó.