Esta murciana madre de dos niños decidió hacerse una mamoplastia hace 16 años. Tenía 19 y un enorme complejo por tener poco pecho. “Me salió muy caro ponerme implantes”, se lamenta Marina en una entrevista a Servimedia, que ahora se enfrenta a las secuelas de aquella intervención. “Me siento engañada y traicionada. No me explico cómo un producto así entró en España y le pusieron un sello de calidad”.

“Nada más ponerme las prótesis me di cuenta de que algo no iba bien”. “Noté que empezaba a ponerme mala”, relata Marina. Se dirigió al médico y tras someterse a varias pruebas de diagnóstico por imagen le confirmaron que los implantes que llevaba “estaban absolutamente destrozados”, recuerda la joven. “Tenía los ganglios infiltrados de silicona y tuve que pasar hasta tres veces por quirófano”, se lamenta.

Marina Muñoz descansa en su casa de Yecla (Murcia) |Foto cedida por Marina Muñoz

SOLA EN LA BATALLA

Marina se queja de que en esta larga batalla judicial “la administración pública le ha dado la espalda”. “Soy la única persona en España a la que le han reconocido una enfermedad autoinmune inflamatoria inducida por adyuvante”, explica, es decir, provocada por la aplicación de sustancias oleosas. “Llevo la silicona industrial diseminada por todo mi cuerpo y como son micropartículas es imposible limpiarlas por completo”.

Pese a tener reconocida una discapacidad y verse obligada a seguir un tratamiento de inmunoglobulinas de por vida, la joven no logra la incapacidad permanente. “No puedo llevar una vida laboral ni familiar normal. De hecho, para el cuidado de mis dos hijos viene mi madre a ayudarme”, reconoce. “Yo quiero trabajar y quiero recuperar mi vida de antes y no depender de analgésicos y tranquilizantes”, dice con rabia. “Me han destrozado la vida y todo me cuesta mucho, incluso dormir por los dolores que tengo por las noches".

En España son más de 400 las mujeres que llevan peleando para que la justicia reconociera que la empresa francesa Poly Implant Prothèse (PIP) fabricaba y comercializaba desde el año 2002 estas prótesis “absolutamente nocivas para la salud”, asegura en una entrevista a Servimedia, Rebeca Martínez, abogada del despacho BcvLEX que representa al colectivo de mujeres damnificadas.

Marina recibe el tratamiento de inmunoglobulinas | Foto cedida por Marina Muñoz

UNA BOMBA EN EL PECHO

El Tribunal de Casación ratifica la responsabilidad de las empresas certificadoras indicando, entre otras cosas, que "TÜV Rheinland (...) incumplió sus obligaciones de control, prudencia y vigilancia en el ejercicio de su misión profesional, [y] la responsabilidad profesional de TÜV Rheinland France está probada".

Sólo en España la compañía responsable deberá afrontar indemnizaciones por más de dos millones de euros. “Obviamente, la cantidad es diferente dependiendo de si ha habido algún tipo de problema de salud psicológico o físico, como una simple ruptura o casos más graves que han derivado en la aparición de tumores, al parecer, relacionados con esta sustancia industrial”, señala la abogada. “Al menos la indemnización les dará por tranquilidad y todo este tiempo habrá merecido la pena porque estas mujeres desde 2010 llevan conviviendo con una bomba de relojería”.

Rebeca Martínez, abogada y socia del despacho BcvLEX posa en su oficina | Foto cedida por Rebeca Martínez

PRÓTESIS ‘ENVENENADAS’

El escándalo de las prótesis mamarias adulteradas explotó en 2010, cuando se supo que la empresa francesa PIP comercializaba desde el año 2002 implantes fabricados con "un gel industrial obviamente mucho más barato y peligrosísimo para la salud”, asevera la letrada, "en lugar de emplear la silicona autorizada para los productos médicos". El total de personas damnificadas en España y otras tantas afectadas de otros países europeos están hoy de enhorabuena, aunque la batalla judicial no ha terminado. “Son víctimas de una situación que no se merecían”, señala Rebeca Martínez.

Estas mujeres aún deberán pasar por un proceso de peritación para documentar los daños ocasionados y los perjuicios económicas relacionados con el implante de aquella marca en concreto. La abogada insiste en que "en algunos países hay portadoras que no saben ni siquiera que llevan estas prótesis porque no existe un protocolo como en España”.

Las más de 400 mujeres implantadas con estas prótesis defectuosas “han soportado la presión de un procedimiento judicial que dura ya más de diez años y lo que le queda”, afirma Rebeca Martínez. Todavía les queda un trecho por recorrer, pero “ellas son fuertes, son mujeres valientes”, recalca su abogada.