Así consta en una respuesta parlamentaria remitida por el Gobierno ala diputada del Grupo Socialista Elvira Cortajarena Iturrioz, a la que tuvo acceso Servimedia.

Según la normativa vigente, cuando un discapacitado es contratado por una empresa se suspende el derecho al percibo de la prestación, que recuperará automáticamente cuando se les extinga el contrato de trabajo.

Los datos de que se dispone para conocer la incidencia de esta medida se derivan de los de seguimiento de la gestión mensual que son facilitados por los distintos órganos gestores de las pensione no contributivas.

Estos datos hacen referencia al número de resoluciones emitidas en procesos de revisión que han dado lugar a la suspensión del derecho a la pensión de invalidez no contributiva en base a dicho motivo.