Estas agencias, que no están sujetas a control alguno y no son dirigidas por agentes de la propiedad inmobiliaria, operan principalmente en las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, y en las zonas costeras. Las cantidades defraudadas van desde las 50.000 pesetas hasta superar el medio millón en algunos casos

En declaraciones a la Cadena Cope, el presidente del Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Juan Pedro Angeles de Aroca, resaltó que cuatro de cada diez personas estafadas no acuden a los tribunales, porque a veces es más el dinero que se invierte en pleitear que el perdido a causa de la estafa.

El caso más corriente de fraude se produce en los créditos que se conceden para comprar un piso, porque los responsables de las agencias les cobran a los clientes una señal e 100.000 ó 200.000 pesetas que no les devuelven cuando les comunican que no les concederán el crédito.

Aroca se quejó de que "el sector de la mediación inmobiliaria no está debidamente regulado y eso hace que proliferen mediadores que no tienen la oficialidad, ni la preparación ni están sometidos a las prácticas deontológicas de los colegios profesionales". A su juicio, es necesario elaborar una Ley de Mediación Inmobiliaria que especifique quién está autorizado a realizar este tipo de operaciones. Actualmente, y como ayuda para regular mejor este sector, la Universidad Autónoma, junto con administradores de fincas, consumidores, ecologistas, promotores, agentes de la propiedad y el ministerio de Fomento están elaborando un libro blanco sobre los bienes inmuebles.