Esta cifra se suma a la de los clientes que han accedido a ella de forma automática por tener contratada una potencia inferior a 3 kW en su residencia habitual.

Las estimaciones del Gobierno apuntan a un número de beneficiarios potenciales para el bono social cercano a los cinco millones de hogares. En esta cifra se incluyen los clientes con potencia contratada de menos de 3 kW y los tres colectivos citados (pensionistas, parados y familias numerosas).

Según los datos de las compañías suministradoras de último recurso, la mayor parte de estas solicitudes en trámite han sido cursadas por pensionistas, que se han enterado de la posibilidad de acceder al bono social a través de una carta enviada a sus casas por la Seguridad Social.

El bono social comienza a aplicarse el primer día del ciclo de facturación en el que la compañía eléctrica reciba la documentación.

En el caso de que alguien se beneficie de esta tarifa social sin cumplir los requisitos para poder disfrutarla, se producirá una refacturación desde la fecha en que se produzca el incumplimiento con un recargo del 10%, que se aplicará en la factura inmediatamente posterior a la detección del fraude.