Por comunidades autónomas, Cataluña está a la cabeza en número de Centros Espciales de Empleo, con 138, seguida de Andalucía (67) y de Madrid y Castilla y León (ambos con 59).

Durante los últimos meses, según las mismas fuentes, ha habido un incremento de puestos de trabajo para discapacitados en Centros Especiales de Empleo, tras la aprobación por el Gobierno de un real decreto que establecía medidas alternativas al cumplimiento, por parte de las empresas de más de 50 trabajadores y de la Administración, de la normativa que les obliga a tener en sus plantillas un porcentaje dl 2% y del 3% de discapacitados, respectivamente, que en ambos casos se incumple.

Quienes no cumplan esta obligación de contratación de discapacitados en sus plantillas podrán, excepcionalmente, contratar bienes o servicios con Centros Especiales de Empleo, caracterizados por tener más del 70% de trabajadores minusválidos, o bien hacer lo mismo con discapacitados que trabajen por cuenta propia.

Asimismo, las empresas pueden acogerse a la opción de realizar donaciones, siempre de carácter monetari, a entidades que estén declaradas de probada utilidad pública y dediquen su actividad a la integración laboral e impulso del empleo para las personas con discapacidad.

Respecto a la cuantía de la donación, deberá alcanzar por lo menos 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anual por cada trabajador minusválido dejado de contratar por debajo de la cuota del 2%.

Asimismo, en los contratos con Centros Especiales de Empleo para el suministro de materias primas o para la prestación de sericios, el valor de la contratación deberá ser al menos de 3 veces el SMI por cada discapacitados dejado de contratar.

Una causa de excepcionalidad a la no contratación de un trabajador discapacitado por parte de las empresas es la imposibilidad de atender la oferta, por no existir demandantes de empleo para cubrir la misma.

En cuanto al resto de excepciones, deberán ser acreditadas por los Servicios Públicos de Empleo, dependientes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Actualmente, tnto las empresas de más de 50 trabajadores como la propia Administración incumplen la vigente normativa, ya que sólo tienen el 0,5 y el 0,6 de personal discapacitado, respectivamente, a pesar de que la normativa española es menos exigente en el nivel obligatorio de contratación de discapacitados que la de otros países de la Unión Europea.