Las personas con discapacidad recibieron formación sobre sus derechos, mientras que los estudiantes (futuros profesionales de la abogacía, fiscales, jueces y demás operadores jurídicos) adquirieron conocimientos y práctica a propósito de accesibilidad y discapacidad.

En concreto, su formación giró en torno a la Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, y a la obligación de garantizar la accesibilidad cognitiva de estas en su acceso a la justicia.

Gracias a este proyecto, los universitarios tuvieron la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos teóricos trabajando directamente con personas con discapacidad intelectual que, en su mayoría, contaban con antiguas sentencias de modificación de la capacidad jurídica (que con el cambio legislativo deben ser revisadas).

Las personas con discapacidad intelectual participantes, apoyadas por entidades de la red de Liber y por otras entidades especializadas, pudieron aprender más acerca de sus derechos y acceder a su sentencia en lenguaje accesible, comprendiendo así los detalles de su situación jurídica actual.

Según Liber, nueve de cada diez personas apoyadas afirmaron estar muy satisfechas con su participación.