El último día de julio finalizó el plazo dado por el Gobierno para proceder a la inscripción obligatoria en el registro de la agencia de los ficheros con datos personales de que dispongan las empresas y entidades públicas y privadas, como ayuntamientos, comunidades autónomas o bancos.

Sin embargo, dado el escaso margen de tiempo en que pudo formalizarse esa obligación, desde el pasado 23 de junio al 31 de julio, la notificació de los ficheros podrá realizarse hasta el próximo 5 de septiembre fuera de plazo, aunque sin ser objeto de sanción, según la subdirectora de ese organismo.

A partir de ahora, cualquier persona cuyos datos figuren en alguno de los ficheros inscritos en la agencia tendrá el derecho a consultar la información que le afecte con el fin de comprobar qué contiene y si es correcta.

Si el afectado observa que los datos son inexactos, incompletos, excesivos o inadecuados, podrá solicitar al responsable de fichero la rectificación o, en su caso, la anulación.

Además, en el supuesto en que esos datos no puedan ser borrados del fichero por diversos motivos, como razones técnicas o por ley, se podrá solicitar su bloqueo, con el fin de impedir su ulterior proceso o utilización.

Asimismo, el interesado podrá presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos, que podría dar lugar a una sanción contra la entidad responsable del fichero, que oscila entre los 10 y los 50 millones de pesetas. Mar Martínez explicó que los únicos ficheros privados que pueden ser comercializados entre empresas son aquellos que contienen datos personales que se encuentran a disposición del público en general, tales como guías telefónicas o repertorios de jurisprudencia.

Sin embargo, existen ciertos ficheros cuyos datos gozan de una protección legislativa que impide que sean transferidos, como el censo electoral, el registro civil y el de antecedentes penales o los ficheros automatizados cuyo objeto sea elalmacenamiento de los datos contenidos en los informes personales.