Esta iniciativa tiene por objetivo concienciar sobre el impacto que un cese de las actividades y servicios que prestan las entidades miembro de esta confederación tendría en las vidas de cientos de miles de personas, y reivindicar por tanto una financiación adecuada que permita su continuidad. "¿Qué pasaría si Plena inclusión dejara de existir?", se pregunta la confederación en la campaña.

En este caso, alegó "que el Día Nacional de la Conciliación, que tendrá lugar en menos de un mes, no sería más que una fecha sin contenido para más de 100.000 familiares de personas con discapacidad intelectual que reciben ahora su apoyo".

Con 4.000 centros y servicios de apoyo gestionados por sus entidades en todo el país, Plena inclusión desarrolla desde hace varias décadas programas de conciliación que se financian en su mayoría con fondos públicos.

“Necesitamos que las administraciones entiendan la conciliación como una inversión social y como un ejercicio fundamental de corresponsabilidad, que implica el sostenimiento económico de estos programas", expresó su presidenta, Carmen Laucirica.

"También precisamos profesionales comprometidos que quieran trabajar en este ámbito, a los que se les deben asegurar condiciones de trabajo dignas y bien remuneradas”, agregó.

Según una encuesta entre 1.900 familias de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral y otros), en el 83% de los casos, son las mujeres quienes se ocupan de los cuidados. De estas, el 68% son madres de la persona; el 12%, hermanas, y un 3% cuñadas o sobrinas.

El movimiento asociativo de Plena inclusión impulsa programas de conciliación en todo el país, en los que participan familiares de parte de las 150.000 personas con discapacidad intelectual a las que acompaña. Según la organización, son acciones fundamentales para que la tarea de cuidar no se convierta en una pesada carga que implique agotamiento físico y psicológico.