Estas cifras las facilitó hoy en rueda de prensa María Dolores Flores Cerdán, directora general de Salud Pública y Consumo, órgano que depende del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Las solicitudes de arbitraje recibidas en el año 2000 fueron 26.543, frente a las 24.195 registradas en el ejercicio anterior, lo supone un incremento del 9,7%.

En un 70% de los casos los empresarios se mostraron de acuerdo con que las solicitudes se resolviesen a través del Sistema Arbitral de Consumo. El 30% de solictudes restantes fueron rechazadas debido a que los sectores de proveedores de bienes y servicios, a los que el consumidor reclamaba, no estaban adheridos al Sistema Arbitral de Consumo.

Según Flores Cerdán, "el sector bancario es el que más nos preocupa". Del 30% de solicitudes de arbitraje rechazadas, la mayoría fueron reclamaciones relacionadas con el sector bancario, que está fuera del Sistema Arbitral de Consumo.

EQUILIBRIO

"Del total de reclamaciones admitidas, el 50% se resuelve a favor dl empresario y el otro 50% a favor del consumidor, por lo que podemos decir que existe un equilibrio", aclaró la directora general de Salud Pública y Consumo.

La Junta Arbitral evitó que 3.793 solicitudes pasaran por el procedimiento arbitral gracias a que propiciaron el acuerdo entre consumidor y empresario. En total, se resolvieron 13.664 controversias que, con respecto al año 1999, supone un incremento de resoluciones del 19,72%.

Entre los sectores que más solicitudes de arbitraje reciben se ecuentra, en primer lugar, el de la telefonía móvil, con el 27,69% de reclamaciones. A continuación figura el de tintorerías, con un 11,38%, y el de la enseñanza (sobre todo escuelas de idiomas por falsa publicidad y escuelas a distancia por falta de resultados), con un 6,49%.

María Dolores Flores declaró que "estamos trabajando en el sistema arbitrario virtual, porque supondría dar confianza al consumidor que hace compras por Internet facilitando que presente las reclamaciones por la misma Red".

l Sistema de Arbitraje y Consumo es un sistema extrajudicial de resolución de conflictos gratuito, fácil y rápido, cuyas resoluciones tienen una tardanza no superior a los cuatro meses.