Sstos cursos son parte de un proyecto del Ministerio de Inclusión coordinado por Plena inclusión España, en el que participaron profesionales de 12 comunidades autónomas y Ceuta. Se inició en julio y concluyó en septiembre, con una duración aproximada de 32 horas y una metodología ‘online’ tutorizada.

En concreto, el empleo personalizado promueve la creación de nuevos puestos de trabajo en función de una persona específica, siempre en colaboración con las empresas.

Esta metodología ha demostrado buenos resultados de cara a la empleabilidad de todos los perfiles, pero de manera especial beneficia a aquellas personas con más dificultades debido a sus grandes necesidades de apoyo (problemas para comunicarse, multidiscapacidad, entre otros).

Este proyecto cuenta con 2 millones de euros de financiación de los Fondos de Recuperación y Resiliencia Next Generation, procedentes de la Unión Europea.

Entre los contenidos abordados, figuran la historia del modelo, qué supone en cuanto a la transformación de los servicios de apoyo actuales, comprender cada fase y sus herramientas, estrategias de apoyo y planificación de acciones.

Recientes estudios sobre el desempleo en el ámbito de la discapacidad, como el de la Fundación Adecco o el realizado por Dincat en Cataluña, alertan de que las personas con discapacidad intelectual son las más afectadas por el paro. Según sus datos, apuntan a que cerca de 80% de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo no tienen trabajo.

Además de la formación, se han diseñado itinerarios y apoyos que recibirán las personas con discapacidad y una investigación con 502 participantes, cuyas conclusiones servirán para mejorar las prácticas de promoción de empleo entre las personas más vulnerables. Así, a su vez, se podrán hacer mejores políticas sociales para estas personas.

En el proyecto participan 44 asociaciones de Plena inclusión en 12 comunidades autónomas y Ceuta. Plena inclusión es un movimiento asociativo que agrupa a 950 asociaciones en todo el Estado que defienden los derechos de 150.000 personas con discapacidad intelectual (síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral) y del desarrollo y sus familias.