Marugán hizo estas aclaraciones a la Cadena Ser en referencia al informe de fiscalizació del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de los partidos políticos en el ejercico 1992, que achaca a los partidos que no incluyen en sus contabilidades estas cantidades que reciben sus grupos locales.

"La ley de Haciendas Locales", recordó Marugán, "prohibe que las corporaciones locales financien a los partidos políticos y, por lo tanto, no hay un ingreso desde una corporación local a un partido político. Lo que se hace es ayudar a los grupos de concejales para que hagan actividades propias de l coproración y para que tengan un contacto con los ciudadanos a los cuales representan".

"Ese", explicó, "es un poco el litigio que hay en este momento entre el Tribual (de Cuentas) y los partidos. Los partidos no lo recibimos (ese fondo de las corporaciones locales) en nuestras cajas, no forma parte de un ingreso que nosotros percibamos, no lo contabilizamos, lo reciben los grupos de concejales de las distintas formaciones políticas y son ellos los que lo manejan. Esa es una situación que, de alguna anera, dado que puede inducir a un cierto error, debemos clarificar".

En ese sentido, afirmó que le consta que "la mayor parte de los grupos políticos con representación parlamentaria lo tratan de resolver en los proyectos de ley de modificación de la financiación de los partidos políticos, que han presentado a lo largo de los últimos meses en la Cámara".

Marugán, tras referirse al "esfuerzo" realizado por "el conjunto de formaciones políticas para mejorar sus situaciones de administración", maniestó que "el Tribunal de Cuentas ha hecho unas fiscalizaciones de los años 90, 91 y 92 que valora positivamente el esfuerzo de los partidos, desde luego del Partido Socialista".

En este sentido, sobre el clima que puede existir respecto a las finanzas de los partidos, manifestó que "no comparto esa actitud que sigue creyendo que hay que presentar a las formaciones políticas de una manera poco equilibrada y en una constante acusación respecto a la utilización de los dineros públicos".

"Deberíamos er capaces de equilibrar nuestros juicios compatibilizando la exigencia, en unos casos, con el reconocimiento de los avances que se hayan podido producir en otros casos", concluyó.