Martínez Noval recalcó que el 'Pacto de Toledo' se realizó entre todas las fuerzas políticas precisamente para evitar la utilización partidista de las pensiones, y advirtió que "nadie puede utilizar la denominación de 'planes de pensiones' para vender un producto que no se corresponde exactamente cn los principios de la ley que los regula".

A este respecto, advirtió que "las entidades financieras han venido intentando adjetivar los 'planes de pensiones' para atraer nuevos partícipes a unos productos financieros que, en ocasiones, se apartan de la ley, aunque la utilicen por la garantía de solvencia que estos planes tienen".

PROLIFERACION DE ADJETIVOS

El ex ministro y ponente de la Ley de Fondos de Pensiones de 1988 fue tajante al señalar que "la proliferación de adjetivos de los planes d pensiones no sólo los prostituye, sino que puede acabar desorientando al consumidor."

"Planes de pensiones garantizados como los que se cuestionan estos días pueden existir en los términos previstos por la ley. Por ejemplo, los planes de pensiones del sistema de empleo, con prestaciones definidas, se pueden asegurar para hacer frente a los riesgos del mercado financiero", puntualizó el ex ministro de Trabajo.

"Igual puede hacerse", añadió, "con todos los planes de aportación definida, que son lamayoría de los planes del sistema individual. Esta parece ser la idea que está detrás de las ofertas que se han hecho por varios bancos y que han sido bloqueadas por la autoridad financiera".

Agregó que "si son planes sin liquidez, y sin posibilidad de rescatar las aportaciones, pueden gozar del tratamiento fiscal que se estableció en la ley. Ahora bien, a la parte de garantía que se recibe a la conclusión del plan, en el momento de efectuar su rescate, no se le puede aplicar la misma fiscalidad, sinola de las rentas de patrimonio".

Sobre la valoración de los activos en que se invierten esos fondos, indicó que "lo que hemos pedido es que la Dirección General de Seguros discuta con los operadores del sector un criterio de valoración distinto, que garantice una mayor tranquilidad en la evolución del valor de los derechos consolidados de los fondos que gestionan los planes de pensiones".

A este respecto, la Dirección General de Seguros tiene ya muy adelantados los criterios de valoración, "que e posible se puedan poner en vigor en lo que queda de año", según apuntó Martínez Noval.

En su opinión, "hay que combinar el carácter financiero de los planes con la finalidad social de proporcionar prestaciones complementarias a millones de españoles. Por tanto, los criterios de valoración no pueden ser los mismos que los de un fondo de inversión, que tienen finalidad especuladora".

"Otro tema es", dijo Martínez Noval, "el control de la gestión de los planes. Los partícipes tienen que preocuparsemás de participar en esas comisiones del plan, en las que tienen que ser mayoritarios; tanto en los planes del sistema de empleo como en el de asociados".

Luis Martínez Noval estima también que la Dirección General de Tributos debería aclarar el mecanismo fiscal que se va a aplicar a los fondos garantizados domiciliados en el extranjero, que han sido paralizados por algunas de las entidades que los lanzaron.