Martínez Noval, que clausuró unas jornadas organizadas por la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), afirmó que la autorregulación sindical supondría la privatización de unas funciones propias de los poderes públicos.

El ministro dejó claro que la Administración se reservará la última palabra en la fijación de servicios mínimos de las huelgas que afecten a los srvicios esenciales de la comunidad, y que eso no es materia negociable en sus consultas con los interlocutores sociales.

También rechazó las críticas que, según sus palabras, se han hecho al texto del proyecto de ley que el Gobierno remitirá próximamente a las Cortes, en el sentido de que es más restrictivo que la legislación sobre huelgas del Gobierno conservador británico.

A su juicio, el proyecto de ley contiene garantías suficientes para ejercer libremente el derecho de huelga y no apuesta po un intervencionismo legal exhaustivo, como hace la norma inglesa.

El ministro confirmó que habrá nuevas reformas del mercado laboral, que afectarán a las modalidades de contratación, y que irán en la línea de lo recomendado en el "Informe Segura". Este informe aconsejaba la supresión de algunas modalidades de contratación y la legalización de las agencias de empleo temporal.

"Sea cual sea la respuesta sindical", agregó Martínez Noval, "hay unas medidas medidas que el Gobierno tomará pronto y que en algunos casos, tienen ya bastantes horas de conversación con los agentes sociales, como la reforma de las modalidades contractuales".

"Al Gobierno le gustaría", afirmó, "que al decreto ley aprobado recientemente, y ahora en trámite parlamentario, le sucedieran otras medidas consensuadas sobre reformas del mercado del trabajo", agregó.