Martínez Camino hizo esta reflexión sobre el primer juicio contra un obispo en España, el de Granada, Javier Martínez, acusado de acoso moral, injurias y coacciones por un sacerdote, al que inhabilitó para ejercer sus funciones sacerdotales, destituido como canónigo y retirado de su acceso a la Cátedra de la Facultad de Teología.

"Yo no voy a hacer aquí ningún juicio a ningún obispo, ni tampoco puedo admitir prejuicios sobre algún obispos en esta sala", dijo Martínez Camino a los periodistas que le preguntaron por este juicio durante la rueda de prensa en la que presentó el texto íntegro de la instrucción pastoral "Orientaciones Morales ante la situación actual de España".

A renglón seguido, el portavoz de los obispos recordó el punto número 62 de la citada pastoral, "en la que se recuerda lo que significa la libertad religiosa, que las autoridades del Estado no pueden intervenir en la vida religiosa, no es su competencia".

"La libertad religiosa exige que las comunidades religiosas puedan gobernarse a si mismas, según sus criterios, siempre dentro del orden público y de la ley, pero los jueces no pueden gobernar a la Iglesia, no deben gobernar a la Iglesia, no es su competencia". "No digo que sea éste el caso", aclaró en relación al caso del arzobispo de Granada.

Martínez Camino concluyó que "el principio de la autonomía de las comunidades religiosas, no sólo de la Iglesia católica, para organizar su vida, para tomar decisiones, para que las autoridades religiosas tomen sus decisiones, dentro de sus competencias; si esto se pone en cuestión, entonces el principio de la libertad religiosa también se pondría en cuestión, lo cual sería muy grave".