El director corporativo del Grupo Viajes Marsans, Vicente Muñoz, declaró esta noche a Servimedia que lo ocurrido este viernes es que el Ministerio de Planificación argentino ha solicitado a un juez de lo contencioso-administrativo la designación de un interventor judicial en Aerolíneas y la tutela cautelar de no innovar, es decir, una prohibición de hacer cambios en relación al funcionamiento presente de la compañía.

Según Muñoz, esta última medida iría encaminada a evitar una eventual destitución del gerente general, una persona colocada por el Gobierno argentino en aplicación del acuerdo alcanzado con Marsans el 17 de julio pasado.

Esa medida cautelar tendría que ver con lo sucedido en una reunión del directorio de la compañía celebrada el pasado martes, en la que Marsans planteó disminuir los poderes al gerente general, por considerar que se está propasando en su actuación y que no actúa de manera profesional.

Muñoz aseguró que se mantiene inalterado el conflicto de fondo, que deriva del hecho de que, en el acuerdo firmado en julio, Marsans cedió el control de Aerolíneas al Gobierno argentino a cambio de que se la comprase sobre la base de una valoración pactada o, en caso de no llegar a un pacto, fijada mediante un arbitraje.

El problema sigue siendo que el Gobierno argentino asegura que la empresa no tiene valor, mientras que el grupo español lo cifra entre 330 y 546 millones de dólares, partiendo de la tasación que se encargó a Credit Suisse.

Al no haber acuerdo, Marsans ya inició ayer, jueves, los trámites de una demanda ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo de arbitraje dependiente del Banco Mundial al que sólo pueden acogerse países que tengan un convenio bilateral firmado al respecto, como es el caso de España y Argentina. "Nosotros les vamos a demandar por los daños causados", indicó Vicente Muñoz.