Aseguró que la discrecionalidad del Gobierno para decidir este cambio no ha sido fruto del "capricho", sino que han existido "razones graves" que la justifican.

Mariscal afirmó que "el señor Ortiz Urculo ha tenido el indiscutible mérito de enfrentarse por primera vez" a la crisis de la Audiencia Nacional, actuando con "independencia de criterio" y tomando medidas disciplinarias y organizativas que "afectan negativamnte a compañeros suyos".

Sin embargo, la ministra considera que a la hora de encontrar sustituto para el anterior fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, se ha visto "desbordado por los acontecimientos" y no ha tenido una actuación "afortunada".

Destacó el hecho negativo de que en la propuesta fallida de nombrar a Luis Poyatos como fiscal jefe no tuviera en cuenta "datos relevantes" que debería haber conocido y valorado y los posteriores retrasos y prórrogas en la convocatoria de plazo para presentar solicitudes.

Por todo ello, dijo la ministra, "el Gobierno llegó a la conclusión de que el señor Ortiz Urculo no se mostraba capaz de resolver una situación de interinidad que no beneficiaba a la Fiscalía de la Audiencia", por lo que adoptó la grave decisión del cese para no "correr el riesgo de que, de nuevo, el problema se perpetúe y no haya nadie dispuesto a afrontar su solución".

La ministra de Justicia denunció la utilización partidista que se ha hecho de la crisis vivida en a fiscalía y aseguró que "interesadamente se está intentando presentar como político" lo sucedido en este tema, atribuyendo significado político a cualquier decisión del Gobierno o la Fiscalía, lo que "ha añadido dificultad a la ya de por sí difícil labor de intentar poner orden en una Fiscalía con problemas".

En cuanto a las medidas disciplinarias adoptadas por el ministerio a propuesta del entonces fiscal general del Estado contra Aranda y la fiscal de la Audiencia María Dolores Márquez de Prado, asguró que no fueron arbitrarias y que se han ajustado en todo momento a la legalidad.

En este sentido, Mariscal consideró probado que se produjeron "enfrentamientos graves" entre la citada fiscal y algunos jueces, y por tanto era procedente la aplicación de la sanción de traslado forzoso, que nunca hubiera sido aprobada por el Gobierno de no estar amparada en alguno de los supuestos legales que contempla el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

En cuanto al caso de Aranda, el Ejecutivo consider que su "falta de autoridad" e incapacidad para poner orden en sus subordinados, con continuas quejas al respecto en la prensa, le hicieron acreedor de la sanción de remoción, que "no cabe considerar desproporcionada" desde su punto de vista.

La responsable de Justicia insistió en que esta crisis viene arrastrándose desde hace más de dos años y era perfectamente conocida por los responsables del anterior Gobierno socialista, que "no hicieron nada" por solucionarla.

"Resulta sorprendente que quiens hoy reprochan al Gobierno que no haya sabido solucionar -a su gusto, claro- la crisis de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, son precisamente quienes, desde el Gobierno, presenciaron el nacimiento y desarrollo de dicha crisis y durante un año y medio no adoptaron ninguna medida encaminada a solucionarla", dijo.

Por ello, recomendó a sus antecesores en el Gobierno que admitan sus responsabilidades y expliquen porqué no hicieron nada para atajar este problema.