El magistrado ha justificado esta iniciativa en que el CGPJ no le amparó frente a las críticas del presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que recientemente comparó sus actuaciones con as de ETA por tratar de influir en las campañas electorales sin haber pasado antes por las urnas.

En el escrito remitido al CGPJ, Barbero señala que renuncia con "profunda amargura" y que las manifestaciones de Rodríguez Ibarra "afectaban de modo directo a mi independencia como juez" y eran "atentatorias sin ninguna clase de dudas contra mi honor familiar y personal".

El pleno del CGPJ ratificó el pasado 12 de julio que no procedía el amparo al juez instructor del "caso Filesa", Marino Barbero, pr las críticas del presidente extremeño.

Once de los 18 miembros del pleno votaron que no procedía el amparo. A favor de él votaron el vicepresidente del CGPJ, José Luis Manzanares, José Antonio García Caridad y Luis Pascual Estevill, mientras que se abstuvieron Andrés de la Oliva, Margarita Mariscal de Gante, Antonio Robles y Javier Gómez Liaño.

Barbero requirió el amparo al estimar que Rodríguez Ibarra atacó su independencia y el ejercicio de su función jurisdiccional al decir que, al igual queETA, había irrumpido en las campañas electorales desde fuera de la política.

La Comisión Permanente del CGPJ dictaminó el 11 de julio, y el Pleno de este organismo ratificó al día siguiente, que no procedía el amparo porque las manifestaciones de Rodríguez Ibarra no constituían un ataque a su función o independencia.

Marino Barbero ha sido objeto de numerosos ataques desde las filas socialistas con motivo de la instrucción del "caso Filesa". Dirigentes socialistas, y no sólo Rodríguez Ibarra, expesaron en diversas ocasiones su sospecha de que las actuaciones del juez en relación con dicho caso coincidían siempre con momentos políticamente críticos.

También criticaron en numerosas ocasiones su lentitud al instruir el "caso Filesa", lo que, a juicio del PSOE, suponía un grave perjuicio político para este partido ante la opinión pública, al situar a los acusados en una situación de sospecha permanente.